ISSN: 2286-7511
E-ISSN: 2287-0113
The Anti-Trafficking Review promotes a human rights-based approach to anti-trafficking. It explores trafficking in its broader context including gender analyses and intersections with labour and migrant rights.
ISSN: 2286-7511
E-ISSN: 2287-0113
The Anti-Trafficking Review promotes a human rights-based approach to anti-trafficking. It explores trafficking in its broader context including gender analyses and intersections with labour and migrant rights.
Juliana Vanessa Maldonado Macedo y Luz del Carmen Jiménez Portilla
En este artículo recuperamos la experiencia de Victoria, una mujer trans que vivió un proceso de trata de personas en un contexto mexicano en el que se desarrolla una guerra criminal. A partir de una perspectiva antropológica y feminista que privilegia el diálogo de saberes, la experiencia de Victoria nos permite problematizar dos elementos centrales del fenómeno de la trata de personas en México: uno, la relación entre los grupos de crimen organizado con la trata de personas, y sus efectos en la vida cotidiana en contextos locales de México, específicamente en la experiencia de una mujer trans; y dos, la forma en la que opera el dispositivo antitrata mexicano, que por enfocarse en el rescate de víctimas de explotación sexual en sitios donde se realiza comercio sexual autónomo, omite la identificación de otras expresiones de la trata, como la trata laboral y de servicios forzados que experimentó Victoria por parte de grupos del crimen organizado.
Palabras clave: trata de personas, dispositivo antitrata, mujeres trans, guerra en México
Cómo citar: J V Maldonado Macedo y L C Jiménez Portilla, ‘Una mirada a la trata de personas y a la operación antitrata en México desde la experiencia de Victoria, una mujer trans’, Anti-Trafficking Review, núm. 22, 2024, pp. 91-110, https://doi.org/10.14197/atr.201224226.
El combate a la trata de personas por parte del gobierno mexicano se ha enfocado, mayormente, en la localización de víctimas, principalmente de mujeres cisgénero, en contextos en donde se realiza comercio sexual y en las rutas migratorias que utilizan las personas migrantes irregularizadas, criminalizando así ambas acciones. Este es uno de los grandes riesgos ocasionados por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en México en 2012, la cual se ha orientado en perseguir casi exclusivamente lo que define por “explotación sexual” en sitios de comercio sexual autónomo, omitiendo la atención a otras formas de trata que no son denunciadas porque no existen espacios institucionales para hacerlo, ni personal burocrático preparado, y que se han normalizado de tal forma que se han invisibilizado en las narrativas sobre el fenómeno y en la operación de las acciones antitrata.[1]
En otros contextos nacionales, desde la academia se han desarrollado nuevas y mejores formas de investigar la operación de las acciones para combatir la trata de personas al encontrar que existen numerosos sesgos en relación con el fenómeno. Desde esta mirada, elaboran una crítica al uso de estadísticas sin fuentes;[2] a las descripciones estereotipadas de la trata sexual, de las víctimas y los/as tratantes que limitan la comprensión de experiencias diversas y roles complejos;[3] y la afirmación de la existencia de redes criminales transnacionales sin evidencia empírica,[4] lo que omite la reflexión sobre las redes a nivel local que funcionan de formas más precarias y sencillas, entre otras. Es decir, a pesar de lo mucho que se ha dicho sobre el fenómeno -principalmente, por parte de las burocracias estatales y los medios de comunicación- aún falta una mayor construcción del conocimiento científico sobre los matices y particularidades de la trata de personas.[5]
En este artículo damos cuenta de otras narrativas de la trata de personas que operan en el contexto de guerra criminal[6] que México atraviesa actualmente y muestra una perspectiva desde la vivencia trans, elementos que al menos en la literatura mexicana, tanto de trata como de estudios de la diversidad sexual, han sido poco analizados desde una perspectiva crítica, pero que es indispensable conocer, ya que además han sido ignorados en la operación antitrata.
Recuperamos la noción de “guerra criminal”, propuesta originalmente por Lessing para dar cuenta del uso estratégico de la violencia por parte de grupos del crimen organizado dirigido a la protección de mercados ilícitos en Latinoamérica,[7] y que ha sido aplicada en el análisis del contexto de violencia actual en México.[8] Así, Zepeda define a la guerra criminal como:
[...] a violent conflict between the state and criminal organisations, or between criminal organisations. The onset, duration and continuation of which are fostered by local or national governments’ use of militarized force to implement a regime of prohibition of any illicit goods or activities. In these conflicts, criminal organisations form private armies to resist, combat and lobby against the strategies of the state and other criminal organisations to protect their profitable illicit activities.[9]
El contexto de violencia actual en México responde a la expresión de un Estado neoliberal que ha desregulado el acceso a derechos y ha fortalecido al mercado capitalista y al sistema penal.[10] Sus expresiones son: una profunda desigualdad económica, política y social; empobrecimiento; desempleo y abandono del campo.
Sumado a ello, la estrategia ofensiva militar denominada “Guerra contra las drogas”, desplegada en 2006 por el ex presidente Felipe Calderón, dio inicio a la consolidación de un Estado que ha recurrido a las fuerzas armadas para llevar a cabo una creciente militarización de la seguridad y de la vida pública,[11] y a la construcción de narrativas de terror y amenazas sobre ciertos sujetos racializados, con el fin del gobierno de la vida y de la muerte,[12] de la reafirmación de su autoridad y autoritarismo, y de la reconfiguración de la soberanía del Estado como un organismo clasificador y estratificador.[13] Esta “Guerra contra las drogas” ha marcado la vida y la memoria colectiva en México a partir de tramas territoriales y locales de violencias diferenciadas.[14]
Cabe destacar que actualmente los diversos grupos que se dedican al comercio de drogas operan de manera diferenciada a lo largo del país y han diversificado sus mercados para incorporar otro tipo de actividades y acciones relacionadas con los mercados ilícitos, como la trata de personas, aunque no todos lo hacen de la misma forma ni usan la violencia como práctica de control.
Los vínculos establecidos entre el Estado y el mercado de drogas han estado mediados por distintos tipos de acuerdos, explícitos o no, en donde los actores son complejos y hay una interrelación entre aparatos del Estado y grupos del crimen organizado a distintos grados y niveles.[15] Además, la violencia local en las comunidades disputadas por grupos que comercian drogas, responde también a "una compleja trama de indiferenciaciones miméticas entre grupos de la droga e instituciones estatales".[16]
Para reflexionar sobre las condiciones de posibilidad de la trata de personas y la operación de las acciones para prevenirla y atenderla en estos contextos de guerras criminales y de militarización de la vida, echamos mano de nuestras experiencias de investigación sobre la trata de personas en México, elaboradas desde la sociología y la antropología, que cada una de nosotras comenzó entre 2011 y 2013, hasta la fecha, para los cuales hemos realizado, en diversos momentos, etnografía, entrevistas estructuradas y semiestructuradas con mujeres cis y trans, observación participante y activismos pro-derechos de las trabajadoras sexuales en Ciudad de México, Tapachula y Tijuana.
Nuestras experiencias en el desarrollo del trabajo de investigación se inscriben también en contextos de guerras criminales, al igual que el devenir de nuestras vidas, conviviendo día a día con conflictos violentos que parecen permanentes y sus efectos. Nuestro interés por hacer investigación sobre trata de personas ha estado centrado en producir conocimiento situado, encarnado[17] y en diálogos de saberes,[18] de tal manera que con nuestras interlocutoras de campo utilizamos metodologías dialógicas,[19] compartiendo saberes, cuestionamientos, rabias y reflexiones, y creando alianzas afectivas y políticas a partir de un contacto ético, cercano y respetuoso.
Hacemos estas investigaciones siguiendo una perspectiva de miradas críticas sobre la trata de personas,[20] que propone construir conocimiento que dé cuenta de sus características y de la vivencia de las/los actores más allá de su actual representación, basada en un discurso legalista, institucional y estatal.[21]
En este sentido, elegimos recuperar la experiencia concreta de Victoria, una mujer trans, mexicana, desplazada interna por la violencia que se desarrolla en su comunidad y debido a que vivió un proceso de trata de personas por parte de un grupo de crimen organizado. La experiencia de trata de Victoria es una ventana etnográfica y analítica que nos permite reconocer las particularidades de la trata de personas en este contexto de guerras criminales, la omisión del Estado como forma de violencia y la operación del dispositivo antitrata mexicano.
El contacto y el diálogo establecido con Victoria fue parte de la investigación doctoral de Vanessa Maldonado,[22] quien realizó trabajo de campo de 2018-2020. La entrevista con Victoria se llevó a cabo en Tijuana, Baja California, México en el año 2019, en el marco de la etnografía realizada con mujeres trans migrantes en la frontera sur y norte de México. Si bien la investigación se centró en documentar las violencias que viven las mujeres trans trabajadoras sexuales en su tránsito por México, debido a las relaciones de afecto y cercanía, Victoria narró a Vanessa su experiencia de haber vivido trata de personas, por lo cual decidió realizar una entrevista semiestructurada sobre dicha experiencia, con la finalidad de comprender más el proceso de trata de Victoria.
Uno de los elementos que nos motivó a retomar la experiencia de Victoria en el contexto de guerra criminal, es que su historia nos permite explorar una de las expresiones de la ofensiva gubernamental denominada “Guerra contra las drogas”, en un marco de securitización y militarización de la vida que está generando diversos daños sobre diversas subjetividades. Si bien presentamos una tensa relación entre los grupos de crimen organizado y la trata de personas, tenemos claro que la justicia punitiva no es la solución a conflictos que están gestados en un México caracterizado por profundas desigualdades sociales, políticas, económicas y un Estado que administra la vida y la muerte[23] de manera racializada.
El texto está organizado en dos partes, en la primera describimos y analizamos el contexto general de la guerra criminal en México. Y en la segunda parte, problematizamos cómo se experimenta esta guerra criminal en el cuerpo de una mujer trans a través de la vivencia de trata de personas.
Las autoras de este texto apelamos a no apropiarnos ni a espectacularizar las vivencias de la trata de personas, sino a señalar tramas de violencias que tienen un origen estructural, tanto en la compleja organización de las personas que pertenecen a grupos del crimen organizado, como de las personas que experimentan violencias por parte de estos grupos. Si bien se presenta la experiencia de Victoria en la trata de personas como una experiencia individual, esta no es individual, sino que está imbricada en un sistema de violencias capitalistas, racistas y cisheterosexistas.
México firma el Protocolo de Palermo en 2003, acuerdos a partir de los cuales elabora en 2007 la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, derogada en 2011. En 2012 publica la vigente Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y a la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, en donde tipifica la trata de personas armonizando las definiciones con el Protocolo de Palermo, incluso con la ambigüedad semántica de “explotación sexual”,[24] que se ha traducido en la criminalización de los mercados sexuales autónomos y su posible regulación. La Ley General y las leyes locales en México conceptualizan a la trata de personas como un crimen realizado por grupos del crimen organizado, enfocado en la trata sexual, mayormente de mujeres cis, y sin distinguir entre la prostitución como un trabajo y la trata con fines de explotación sexual.
A nivel mundial se ha constituido un dispositivo antitrata,[25] articulado como una red de relaciones jerarquizadas de saber/poder, que produce subjetividades y construye sujetos y regímenes de verdad sobre la trata de personas en un momento histórico, social y político determinado. Estas relaciones y economía del poder están encarnadas en los cuerpos a través de diversas tecnologías que funcionan en distintos niveles y generan discursos de verdad en y sobre el cuerpo social.
La conformación del dispositivo antitrata mexicano se inscribió en un contexto en el cual, a partir de 2006 bajo el gobierno de Felipe Calderón, una de las estrategias para confrontar las potenciales amenazas en contra de la seguridad nacional, fue la articulación ofensiva denominada “Guerra contra las drogas”, que militarizó la seguridad, la vida cotidiana y construyó un otro/enemigo homogéneo a combatir: la delincuencia organizada.[26] Una guerra criminal que continúa, con distintos matices, hasta hoy.
En términos históricos, la política prohibicionista de las drogas en México inició a principios del siglo XX, bajo la presión de Estados Unidos y de la “consolidación de un régimen global de prohibición de drogas”.[27] Sin embargo, la intersección tráfico de drogas, tráfico de personas y trata como asuntos de seguridad nacional contra el “crimen organizado”, opera expresamente a partir de 2008, luego de la firma de acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Acuerdos de seguridad que inician con el Plan o iniciativa Mérida, el cual estaba enfocado en “combatir” el crimen organizado, fortalecer las fronteras, y a partir del 2014, con presupuesto especial para “combatir” la trata de personas.[28]
El discurso y estrategias de seguridad nacional derivan de la irrupción del Estado penal y del sistema y políticas carcelarias surgidas en Estados Unidos a finales del siglo XX, las cuales operan como el gran impulso de "la guerra contra el crimen". Se han transformado en una "fuente teórica e inspiración práctica", generándose tecnologías y políticas de seguridad made in USA.[29] Este discurso de seguridad nacional, el de políticas penales y el de la guerra contra las drogas, contemplan el “crimen” desde acciones aisladas de los sujetos y no desde el contexto de represión, exclusión, marginación o racismo que opera en la producción de las mismas leyes y en las relaciones sociales.[30]
El resultado de esta guerra criminal ha sido la exacerbación de la violencia en todo el país y en todas sus expresiones en donde el propio Estado, “el ejército, la marina y los cuerpos policíacos municipales, estatales y federales han sido partícipes de múltiples formas de violencia como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas”.[31] Algunos datos que se han recuperado sobre la tortura ejercida por elementos del Estado, son los recabados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,[32] los cuales indican que la Fiscalía General de la República registró entre 2006 y 2019[33], el inicio de 13,560 investigaciones penales por el delito de tortura ejercida por diversos servidores públicos, más 21,360 investigaciones en las Fiscalías estatales en ese mismo periodo. Aunque los casos denunciados no necesariamente dan cuenta de la presencia de estos delitos, ya que hay un subregistro debido a la impunidad.
[En México] hay números oficiales que registran los asesinatos cometidos cada año y podemos decir que, desde 2006, se han reportado más de 370 mil homicidios dolosos y feminicidios. Pero no hay forma de calibrar la precisión de los números oficiales, de saber cuáles de estas muertes deben contarse como resultado del conflicto armado.
Además, las víctimas registradas oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no incluyen, para poner un ejemplo, 111 mil personas desaparecidas, un número incluso que las propias autoridades consideran que solo ofrece una idea aproximada del tamaño del problema, porque tampoco hay posibilidades de tener una cifra exacta. Esos conteos, por supuesto, tampoco incluyen a las víctimas que yacen en cientos o miles de fosas clandestinas que permanecen ocultas a lo largo del territorio, a la espera de algún grupo de madres buscadoras, esas que recorren kilómetros cada día buscando a sus hijos e hijas.[34]
Se han producido investigaciones académicas[35] e informes de organismos de Derechos Humanos,[36] que documentan los crímenes y efectos de la guerra criminal, ponen en evidencia que esta securitización y militarización de la vida cotidiana, no atiende ni resuelve los orígenes de la precariedad ni la desigualdad social y económica o las violencias que podrían considerarse en la base de la delincuencia organizada, al contrario, las produce, reproduce y recrudece.[37]
Esta geografía y contexto de guerra criminal y securitización fueron el marco desde el cual se delinearon los intereses centrales en la relación bilateral entre Estados Unidos y México: la migración irregularizada, la “seguridad” fronteriza, las “áreas sin gobierno”, la trata de personas y, la supuesta amenaza que los vincula a todos, el narcotráfico.[38] Desde este planteamiento de seguridad nacional se ha ejercido y justificado todo tipo de violaciones Estatales a los derechos humanos, la militarización de la vida cotidiana y la presencia de fuerzas armadas estadounidenses en el país.
Si bien la producción y tráfico de drogas es el tema prioritario de estos acuerdos, en la cooperación regional con Estados Unidos, la migración irregularizada[39] (jurídicamente denominada irregular)[40], la trata y el tráfico de personas son también objetivos de persecución.
Con todo lo anterior dicho, en un México devastado y en luto permanente como resultado de las múltiples consecuencias sociales, humanas y materiales de esta guerra criminal, se inscriben las violencias del Estado, unas de acción y otras de omisión, hacia personas concretas, en nombre de la seguridad nacional y la guerra contra el narcotráfico, y específicamente en torno a la narrativa contra la trata de personas que ha utilizado y validado el dispositivo antitrata mexicano.
En México vivimos de facto en una guerra criminal o multiplicidad de guerras criminales. Esto ha dado como resultado profundos daños en el tejido social de las poblaciones, desplazamientos forzados, secuestros, extorsiones, masacres, trata de personas, víctimas de muertes violentas, víctimas de desaparición y desaparición forzada, además de cotidianas ejecuciones extrajudiciales. Oficialmente en el país hay 115,353[41] personas reportadas como desaparecidas[42], y vivimos también una crisis forense con más de 52,000 cuerpos sin identificar[43], sumado a miles de fosas clandestinas distribuidas por todo el territorio nacional.
Esta situación de guerra criminal se imbrica con el continuum de violencias[44] producidas en el actual modo de producción capitalista-neoliberal-neocolonial, basado en la acumulación por desposesión,[45] que ha estructurado a los Estados y a las economías latinoamericanas contemporáneas. Y se ha traducido en conflictos armados, debilitamiento de las economías nacionales, la militarización de la vida cotidiana, y la exacerbación cada vez mayor de las desigualdades económicas.
La trata de personas en México tiene este origen estructural, inmerso en un largo proceso histórico de desposesión y agravios, que genera un acceso diferenciado a derechos por racialización, clase, sexo y género. No es un evento de voluntades individuales o maldades subjetivas. La trata de personas de la que este artículo da cuenta es la que opera bajo un contexto específico de guerra criminal, controlado por grupos de crimen organziado y Estatales vinculados al comercio de drogas, y relacionados con el control territorial y la construcción de mensajes de terror para las poblaciones,[46] que se sostiene en la criminalización de las drogas y en la violenta política de seguridad nacional que sitúa a la trata y al tráfico de drogas como dos acciones homogéneas ligadas entre sí, que hay que “combatir” con la fuerza militar, en lugar de apelar a los contextos de exclusión, marginación y precarización de la vida. Que como Rita Segato plantea sobre la guerra contra el narco:
Es entre corporaciones armadas que se entretejen e hibridan con partes del Estado y con fuerzas paraestatales. La pluralización de los actores en juego implica también una fuerte trama de economías que reclutan y viven de estos conflictos, creciendo de modo decisivo como oportunidad económica para muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes, despojadas de otras posibilidades de resolución de la vida.[47]
El caso de trata que abordamos, no es la trata que responde a la narrativa dominante del dispositivo antitrata mexicano que plantea a la “trata con fines de explotación sexual” como la más común y que además propone la abolición del trabajo sexual y la criminalización de las migraciones irregularizadas como las acciones principales para combatirla.[48]
Es en el marco de este contexto de guerra criminal y del dispositivo antitrata mexicano que ubicamos la historia de Victoria, una autodenominada mujer trans de 32 años, que nació y vivió durante esos años en Tlacotepec, un pequeño municipio que no rebasa los 8,500[49] habitantes, ubicado en la Sierra Madre del Sur, en el estado de Guerrero, México. Guerrero tiene características particulares, cuenta con una población total de 3,540,685 habitantes[50] y según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del 2020, el 66.5% de la población total del estado vive en pobreza o pobreza extrema, 22% arriba de la media nacional.[51]
La exclusión, el empobrecimiento y la impunidad han situado al estado de Guerrero en un contexto complejo de diversos grupos armados, desde la década de los 60 ha habido organizaciones armadas de disidencia política organizada frente al autoritarismo, exclusión y por acceso a derechos.[52] Actualmente, sin cambiar el panorama de violencia estructural y Estatal, también se han organizado personas de diversos poblados autodenominados autodefensas.[53]
Guerrero es uno de los estados con mayor producción de amapola a nivel nacional.[54] La amapola es una planta que de sus flores se extrae opio, de donde se obtienen morfina, heroína y otras sustancias psicoactivas derivadas de ellas, su uso puede ser medicinal, científico o recreativo.[55] Finalmente, Guerrero es también territorio de operación y disputas de diversos grupos armados pertenecientes al mercado de las drogas.
La actividad laboral de Victoria oscilaba entre el trabajo sexual y el estilismo en un salón de belleza que ella logró establecer a partir de una sociedad económica con un hermano. Su vida transcurría en medio de una violencia social que en México se ha naturalizado. Ella narra:
En Tlacotepec la mayoría de las personas para subsistir siembran amapola y mariguana, es lugar muy importante para los narcos. Es una región de ellos. Allá ha habido pueblos enteros que se van, que migran a otras ciudades, porque allá no se puede vivir, parece cárcel. Allá el narco te puede agarrar para obligarte a hacer lo que ellos quieran, desde ser vigía, cocinera, esclava sexual, sicario, ¡lo que quieran! Ellos te amenazan a ti y a tu familia para que hagas lo que te piden, si no te matan a ti y a tu familia. Ellos son la ley. Todos los días hay personas torturadas, asesinadas y encontradas en zanjas. Y yo nunca me imaginé que un día ellos nos iban a secuestrar a nosotras y al negocio, nunca imaginé que eso que escuchaba que pasaba, me pasaría a mí. (Victoria, entrevista en Tijuana, México, agosto, 2019).
La operación de grupos armados que se ha extendido por todo México responde a una criminalización de las drogas y a un Estado involucrado en redes del narcotráfico, lo que ocasiona que haya ciudades, como esta que nos describe Victoria, en donde grupos armados operan como la ley: es decir, toman decisiones sobre personas, territorios y formas de relaciones sociales. Así que las formas, matices y distribución de las violencias, están determinadas por los momentos de paz y conflictos entre grupos armados Estatales y no estatales y está distribuida de manera diferenciada por todo el territorio.
En estos contextos en donde los grupos armados controlan la vida social, económica y política de comunidades enteras, la trata de personas opera (aún antes de la aparición de estos grupos).[56] Sin embargo, parece que cuando no es explotación sexual de infancias y mujeres cis, o es hacia mujeres trans es invisible para el dispositivo antitrata[57]. Por ello la relevancia de conocer experiencias de personas que atravesaron por situaciones de trata y que se alejan de las narrativas dominantes, moralizantes y dirigidas a la abolición del comercio sexual, porque es de vital importancia identificarla, nombrarla e integrar una perspectiva interseccional en su análisis. Victoria narra su experiencia de trata:
Tenía una vida normal, atendía mi estética junto con una amiga también trans, pero un día el narco nos secuestró la estética[58] y ellos mandaban en el negocio. Nosotras nunca les pudimos decir que no porque ya sabíamos lo que pasaría si decíamos que no. Al principio solo nos cobraban piso[59], MX$5000 (USD 250) al mes. Trabajábamos sólo para darles el dinero a ellos, no quedaba nada para nosotras.
Un día les dijimos que ya no teníamos dinero, entonces ellos dijeron que se iban a quedar con el negocio y que yo y mi compañera nos teníamos que quedar a trabajar ahí. Así fue como ellos me tuvieron encerrada casi 10 meses, desde agosto de 2018 hasta mayo 2019. Diez meses encerrada sin poder dormir ni de día ni de noche, sin poder saber si algo me iba a pasar o no. Entonces decidí escaparme y me escapé, ¡lo logré! (Victoria, entrevista en Tijuana, México, agosto, 2019).
En esta narrativa de Victoria encontramos los elementos centrales que conforman el delito de trata de personas: la captación (acciones), la retención (medios) y la explotación laboral o servicios forzados (finalidades). Asimismo, el relato nos permite dar cuenta que la trata es llevada a cabo por grupos armados organizados que controlan territorios, no sólo en materia de narcotráfico, sino en una diversidad de economías (formales e informales), deshumanizando a las personas mediante la coacción y la violencia física, psicológica y verbal.
Victoria nos permite conocer y entender las especificidades locales de la trata de personas vinculada a las condiciones de violencia estructural, Estatal y gubernamental en la que vivió (antes del proceso de trata) y en donde ubica el agravio a sus derechos. Muestra que está lejos de ser una víctima frágil y pasiva, tiene capacidad de acción. Hace evidente también cómo las lógicas y prácticas punitivas de seguridad nacional en México, en nada transforman los contextos de desigualdad y violencias, y menos aún están interesados en identificar y atender casos de trata, fuera de su reducido foco sobre las mujeres cisgénero en los mercados sexuales o bajo operativos de control migratorio.[60]
Otro elemento que Victoria hace legible en torno a la trata, es cómo se eslabona con la transfobia y homofobia que opera en la sociedad mexicana:
Ya hizo tres meses que pude salir. Porque ellos te encierran y tu vida es la garantía de que ahí vas a estar. Nos tenían encerradas en unos cuartos a mi amiga también trans y a mí. Al principio yo no aceptaba que eso me fuera a pasar, pensaba que en cualquier momento ellos iban a recapacitar y nos iban a dejar libres, nos iban a decir que nos podíamos ir. Pero pasaron muchos meses, y la verdad yo ya no aguantaba. Sobre todo, porque casi no dormía por estar pensando ¿qué me va a pasar mañana? ¿qué va a pasar si desobedezco? ¿Qué voy a hacer si algo no sale bien?
Cuando yo estaba encerrada me tenían amenazada todo el tiempo con armas, no amenazaban a mi familia, porque mi familia me abandonó cuando supieron que soy trans y tenía 16 años, entonces fue más fácil poder escaparme. Obviamente no tenía acceso mis redes, ni Facebook, ni whats app, ni nada, me quitaron mi teléfono y toda comunicación externa.
En el día, la estética parecía una estética normal, pero luego de las 10 de la noche se ponían a tomar y hacer sus cosas. Ellos me humillaron, se burlaron mucho de mí, me gritaban. Yo ya sabía que era gay, no era necesario que me lo repitieran todo el tiempo.
Me hicieron mucho daño en mi cuerpo y mi dignidad; la última vez fue cuando decidí que no iba seguir ahí, no quería vivir la misma experiencia toda la vida. Si toda mi niñez sufrí discriminación por ser homosexual, luego llegar a ser una persona adulta y volver a lo mismo, ¡no! Pero en donde además de todo, te tengan encerrada y te griten todos los días que no vales nada porque eres gay, ¡no! (Victoria, entrevista en Tijuana, México, agosto, 2019).
La historia de Victoria nos permite identificar diversos elementos sobre la experiencia de vivir un proceso de trata de personas en estos contextos, los cuales son ignorados en la narrativa dominante y por el dispositivo antitrata. Uno de ellos es señalar/situar los agravios en la vivencia de trata y como estos no necesariamente se ubican en el ámbito de “explotación sexual” o dimensiones de intercambios sexuales, sino en el continuum de violencias homo/transfóbicas que permean todas las esferas de vida. Violencias producidas y producto de normas cisheterosexuales que atraviesan las sociedades, y su expresión transversa las instituciones sociales, étnicas, políticas, familiares, escolares y todas las relaciones sociales. Elementos que para el Estado mexicano ni siquiera son parte de su comprensión en materia de trata y mucho menos en una perspectiva de atención a víctimas del delito de trata.
El machismo, el sexismo, la homofobia y la transfobia se producen y reproducen en diversos espacios. Son efectos de un dispositivo biopolítico y de sexualidad (Foucault, 2009) que busca controlar y normalizar ciertas prácticas dicotómicas binarias cisheterosexuales a partir de distintos disciplinamientos. Y este diálogo con Victoria, nos hace ver la especificidad de la experiencia de mujeres trans con la trata también desde sus dimensiones estructurales. Si bien en México las personas trans tienen derecho al reconocimiento jurídico[61] de su identidad y a poseer personalidad jurídica como mujeres (en este caso), ellas, viven en permanente acoso y exclusión educativa, familiar, laboral y social por su identidad y expresión sexogenérica disidente. A esta violencia homo/transfóbica se suma también la precariedad laboral, el no acceso al trabajo para las mujeres trans debido a la transfobia, a la discriminación y a los estigmas hacia ellas.[62]
La trata de personas en México es un argumento para las políticas de seguridad nacional, la militarización de la vida cotidiana y la securitización de las migraciones y el comercio sexual, pero la trata que sí sucede resulta invisible para la política antitrata. Algunas de las experiencias de trata de personas que las autoras hemos podido documentar en los últimos 10 años de trabajo etnográfico (entre México, Guatemala y Honduras), la mayoría no suceden en el ámbito sexual y en ningún caso las personas que han salido de los procesos de trata han sido “rescatadas” por operativos antitrata, anti-migrantes o de algún tipo de gobierno, todas las personas interlocutoras han sobrevivido y salido de los espacios escapando por sí mismas, por sus propios medios, a partir de su propia agencia y redes que lograron construir aún en la situación de trata, elementos que por primera vez plantea también el informe mundial sobre la trata personas.[63] Sobre ello, Victoria narra:
Un día reclutaron a un muchacho nuevo de la montaña y a mí me mandaron a comprar con él, tintes para la estética. En ese momento se estaban quedando sin gente, porque les habían estado matando a su gente en los enfrentamientos con otros grupos. Cuando eso pasaba, ellos iban a reclutar más personas, entonces los que ya sabían vigilaban la zona y los nuevos se quedaban ahí [en su centro de operaciones]. Entonces yo fui con uno de esos nuevos. Fuimos al Walmart, él entró al baño y como ahí no podíamos entrar dos al mismo tiempo, entró y me dijo: –voy a pasar, no te muevas ni te vayas a ir a otro lado. Él aún no se sabía cómo eran los movimientos, llamaba todo el tiempo por teléfono para preguntar que iba a hacer y cómo había que hacerlo.
Se metió como 2 minutos al baño. Y en ese momento vi que la parada de las Urbans [transporte público local] estaba exactamente a la orilla de la salida del baño. Entonces lo que hice fue dejar ahí las bolsas y con el cambio que yo traía de las cosas que había comprado, me subí a la urban, pagué mi pasaje y me fui al norte de la ciudad. Ahí tomé un autobús a la ciudad de México. Y de la ciudad de México a aquí. (Victoria, entrevista en Tijuana, México, agosto, 2019.)
La experiencia de Victoria nos permite analizar una de las formas que se llevan a cabo para salir de un proceso de trata de personas, que visibiliza una total ausencia del Estado y a una total ausencia de políticas públicas en materia de prevención y atención a personas en situación de trata.
Y este caso de Victoria no es el único registrado. Durante el trabajo de campo de Vanessa Maldonado en la frontera norte de México, las experiencias de secuestro de migrantes en tránsito para extorsión económica, reclutamiento forzado o trata de personas son una realidad cotidiana. Diariamente cientos de personas jóvenes (hombres y mujeres) son secuestradas, retenidas y obligadas a trabajos forzados dentro de las dispersas organizaciones que gobiernan o se disputan los territorios. Esta situación de exacerbación de las violencias está gestada en la precarización económica, la racial y sexogenérica radicalización de la pobreza y en una cotidiana explotación del trabajo humano dentro del actual sistema[64], que parece invisibilizado en las discusiones de trata, legitimando así la explotación del trabajo que sucede con las y los trabajadores agrícolas, en las maquiladoras, en las fábricas o en otros espacios de trabajo, en donde, aunque medie un contrato, la explotación de la clase trabajadora es evidente y cotidiana.
Las violencias de clase, la explotación del trabajo y la esclavitud de mujeres, hombres y niñeces en el mundo han sido centrales y motor de la acumulación y reproducción del sistema capitalista, en donde "la vida está subordinada a la producción de ganancias, la acumulación de la fuerza de trabajo sólo puede lograrse con el máximo de violencia para que, en palabras de María Mies, la violencia misma se transforme en la fuerza más productiva".[65]
Y ser una mujer trans en este contexto es jugarse la vida día a día ante la transfobia, el sexismo y los transfeminicidios cotidianos y normalizados, cualquier mujer trans en América Latina puede formar parte de las estadísticas que indican que su esperanza de vida en la región es de 35 años, la mitad del promedio de esperanza de vida de las mujeres cis.
Y el caso de Victoria sólo es uno de los documentados: hay miles de mujeres trans que viven en un país que no garantiza su acceso a derechos, pero además les ignora cuando atraviesan violencias sociales o delitos específicos.
En México operan “geografías racializadas donde se concentra la violencia del crimen organizado, la militarización y la violencia de grupos paramilitares”.[66] El Estado mexicano opera bajo un racismo y heterosexismo estructural que también organizan la distribución de las violencias y las vulnerabilidades; en esta distribución geoespacial de violencias se encuentra la trata de personas y los efectos de la operación antitrata. Efectos que han sido ignorados por un Estado que como se vio en este artículo, construye políticas antitrata en nada efectivas, permeada por la perspectiva securitaria y punitivista, con un discurso de “víctimas" movilizado como categoría ligada a una perspectiva esencialista de mujeres (cis) y niñas.
Esta política antitrata en México, tampoco plantea que para erradicar la trata de personas, se deben transformar los contextos que producen las desigualdades sociales y económicas, pero sobre todo mirarla a través de un sistema que hace posible sus condiciones de existencia, y que son contextos/escenarios que permite mantener intactos los sistemas estructurales y sus tecnologías de poder.
Finalmente, la experiencia de Victoria nos permite reflexionar sobre las diversas expresiones de la trata de personas que pueden vivir las personas trans en México, más allá de la trata con fines de explotación sexual, y su relación con las violencias y vulnerabilidades de sus contextos concretos, caracterizados por una creciente presencia de grupos armados y por los efectos de su desplazamiento forzado. El análisis de sus experiencias implica elaborar una crítica al sesgo heterosexista de las políticas contra la trata de personas y a la transfobia que opera a través de un dispositivo antitrata que no reconoce a las personas trans como sujetos vulnerables a vivir esta forma de violencia.
Juliana Vanessa Maldonado Macedo is Doctor. in Social Anthropology, from the Center for Research and Higher Studies in Social Anthropology (CIESAS-CdMx). Anti-racist and decolonial feminist teacher, researcher and activist. My lines of research are irregular migrations, migrations of trans women, human trafficking and sex trade. Member of the Latin American Group for Analysis/Action on Sexual Markets (GLAMSex). Email: juliana.maldonado@gmail.com
Luz del Carmen Jiménez Portilla is Doctor in Political and Social Sciences, with a focus on Sociology, from the National Autonomous University of Mexico (UNAM). Feminist. Researcher at the Gender Studies Center of the Universidad Veracruzana. Member of the Latin American Group for Analysis/Action on Sexual Markets ( GLAMSex). Lines of research: the links between feminisms, gender and sexuality norms and neoliberalism. Email: luz.jimpor@gmail.com
[1] Torres, Claudia (2016). Ambigüedades y complejidades: la ley de trata con fines de explotación sexual y el no reconocimiento del trabajo sexual en México. México: Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Jiménez, Luz (2019). Tesis de Doctorado en Sociología. El mercado sexual callejero a merced del dispositivo antitrata. Genealogía del discurso de la trata sexual de mujeres en México y los efectos de la operación del dispositivo antitrata en la zona de La Merced de CdMx, UNAM, México; Maldonado, Vanessa (2018). Políticas antitrata (de personas) en la frontera de México, Chiapas-Guatemala: ¿rescate de víctimas o criminalización del trabajo sexual y las migraciones (indocumentadas)? En Marta Lamas, Comercio sexual y discurso sobre trata en México. Investigaciones, experiencias y reflexiones, CIEG-UNAM, México, págs. 149-186.
[2] Hurtado, Mónica y Ángela Iranzo (comps.) (2015). Miradas críticas sobre la trata de seres humanos. Diálogos académicos en construcción. Bogotá: Universidad de los Andes-Universidad de la Sabana; Weitzer, Ronald (2007). The social construction of sex trafficking: ideology and institutionalization of a moral crusade. Politics Society, 35, 447-475; Weitzer, Ronald (2014). Movimiento para criminalizar el trabajo sexual en Estados Unidos. Debate Feminista, 50, 187-219.
[3] Doezema, Jo (2000). Loose women or lost women? The re-emergence of the myth of “white slavery” in contemporary discourses of “trafficking in women”. Gender Issues, 18 (1), 23-50; Agustín, Laura (2004). Trabajar en la industria del sexo y otros tópicos. Donostia-San Sebastián: Gakoa; Bernstein, Elizabeth (2007). “The sexual politics of new abolitionism”, in: Differences: a journal of feminist cultural studies, vol. 18, núm3, pp.128-151, EUA; Piscitelli, Adriana. (2008). Entre as “máfias” e a “ajuda”: a construçao de conhecimento sobre tráfico de pessoas. Cuadernos Pagu, 31, 29-63; Piscitelli, Adriana (2012). Feminismos e prostituiçao no Brasil: Una leitura a partir da antropología feminista. Cuadernos de Antropología Social, 36, 11-31; Baxter, Alexandra y Chazal, Nerida. (2022). ‘It’s About Survival’: Court Constructions of Socio-Economic Constraints on Women Offenders in Australian Human Trafficking for Sexual Exploitation Cases. Anti-Trafficking Review, 18, pp. 121-38.
[4] Cheng, Sealing (2010). On the Move for Love: Migrant Entertainers and the U.S. Military in South Korea. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, Inc.
[5] Sanchez, Gabriella (2018). ‘Circuit Children’: The experiences and perspectives of children engaged in migrant smuggling facilitation on the US-Mexico border. Anti-Trafficking Review, issue 11, pp. 103-119; Lamas, Marta (2014). “¿Prostitución, trabajo o trata? Por un debate sin prejuicios”, Revista Debate Feminista, Dossier: comercio sexual, año 25, vol. 50, pp. 160-186.
[6] Lessing, Benjamin (2015). Logics of violence in criminal war. Journal of Conflict Resolution, 59 (8), pp. 1486-1516; Zepeda Gil, Raúl (2023). Conceptualising criminal wars in Latin America. Third World Quaterly, 44:4, pp. 776-794; Trejo, Guillermo & Ley, Sandra (2020). Votes, drugs and violence: the political logic of criminal wars in Mexico. New York: Cambridge University Press.
[7] Lessing, Op. cit.
[8] Por ejemplo, Trejo y Ley (2020) definen a las guerras criminales a través de cuatro elementos que caracterizan a los grupos de crimen organizado que participan en ellas: 1) la búsqueda de control de los mercados ilícitos; 2) la creación de sus propias milicias para defender sus territorios; 3) la producción de violencia desde pequeña escala hasta una escala mayor (más de 1000 muertes al año); y, 4) el establecimiento de controles territoriales (plazas), además de los mercados ilícitos.
[9] Zepeda, Op. cit., pp. 784.
[10] Ibid.
[11] La militarización de la vida pública se hace evidente cuando: "las actividades que involucran el despliegue extendido del ejército abarcan la construcción de infraestructura pública y privada; la distribución de gasolina, libros de texto para la educación básica y fertilizantes; la vigilancia de las fronteras norte y sur; la detección e inspección de personas migrantes; el control de puertos y aduanas; e, incluso, la participación de los titulares del Ejército y la Marina en el Consejo de Ciencia y Tecnología" (Velázquez, 2021: 5-6), así como el transporte y resguardo de las vacunas contra el COVID-19 durante la pandemia mundial. Velázquez, Sara, et. al. (2021). Inventario Nacional de lo militarizado. Una radiografía de los procesos de militarización México. México: Programa de Política de Drogas-CIDE.
[12] Mbembe, Achille (2003). Necropolitica, Public Culture, Duke: University Press.
[13] Wacquant, Loïc (2010). Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social, Barcelona: Gedisa.
[14] De acuerdo con Atuesta (2014), el ex presidente Felipe Calderón hizo uso del término ”guerra” desde el lanzamiento del primer operativo, con base, por un lado, en que el número de homicidios vinculados con el narcotráfico habían superado los 500 al año anterior, y por el otro, como una estrategia discursiva para exigir unidad nacional frente a la ruptura política ocasionada por las elecciones del 2006. Atuesta B., L.H. (2014). La política de drogas en México 2006-2012: análisis y resultados de una política prohibicionista, Aguascalientes: Open Society Foundation.
[15] Pereyra, Guillermo (2012). México: violencia criminal y “guerra contra el narcotráfico”, Revista Mexicana de Sociología, 74, núm. 3 (julio-septiembre, 2012): 429-460.
[16] Ibid., 430. Este nexo entre gobierno y crimen organizado se ha registrado y analizado en diversas investigaciones periodísticas y estudios académicos (como los citados en este texto). Es además evidenciado por los altos funcionarios de gobierno detenidos, encarcelados y sentenciados por su participación en el crimen organizado; como el caso de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública entre 2006-2012, fue uno de los personajes encargados de operar la ofensiva denominada guerra contra el narco en México. García Luna fue detenido, juzgado y sentenciado en febrero de 2023, declarado culpable en una corte estadounidense de cinco cargos relacionados a sus nexos con grupos del narcotráfico. O el caso de Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional durante 2012-2018, también detenido en EUA por narcotráfico y extraditado a México en donde no fue procesado. En esta lista de personas señaladas y procesadas (en México y EUA) por vínculos con el narcotráfico, hay también gobernadores, diputados, senadores y actores relacionados a la política y al gobierno mexicano.
[17] Haraway, Donna. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. La invención de la naturaleza. Madrid: Cátedra.
[18] Hernández Castillo, Aida (2016). Multiple (In)Justices: Indigenous Women, Law and Political Struggle. Arizona: UP.
[19] Scheper-Hughes, Nancy (1992). Death without weeping: the violence of everyday in Brasil. California: University of California.
[20] Piscitelli, Adriana (2007). Atravesando fronteras: teorías postcoloniales y lecturas (antropológicas) sobre feminismos, género y mercado del sexo en Brasil. LASA September 5-8. Canadá; Agustín, Laura (2009). Sexo y Marginalidad. Emigración, mercado del trabajo e industria del rescate, Madrid: Editorial Popular; Lamas, Marta (2014). “¿Prostitución, trabajo o trata? Por un debate sin prejuicios”, Revista Debate Feminista, Dossier: comercio sexual, año 25, vol. 50, pp. 160-186; Sanchez, Gabriella (2018). ‘Circuit Children’: The experiences and perspectives of children engaged in migrant smuggling facilitation on the US-Mexico border. Anti-Trafficking Review, núm. 11, pp. 103-119.
[21] Hurtado, Mónica y Ángela Iranzo (comps.) (2015). Miradas críticas sobre la trata de seres humanos. Diálogos académicos en construcción. Bogotá: Universidad de los Andes-Universidad de la Sabana.
[22] Maldonado, Vanessa (2023). “Devenires trans: de Cuba, Honduras y Guatemala ¿a Estados Unidos? Narrativas de trabajo sexual, migración y movilidad transnacional de mujeres trans en tiempos de las caravanas”. Tesis para obtener el doctorado en Antropología Social, CIESAS-CdMx.
[23] Mbembe, Achille (2003). Necropolitica, Public Culture, Duke: University Press.
[24] Lamas, Marta (2014). “¿Prostitución, trabajo o trata? Por un debate sin prejuicios”, Revista Debate Feminista, Dossier: comercio sexual, año 25, vol. 50, pp. 160-186.
[25] En México, las autoras de este escrito hemos desarrollado este concepto, a partir de dos fuentes teóricas; una es la propuesta de Foucault (Foucault, Michel (2009). Historia de la sexualidad 1. La voluntad del saber. Siglo XXI, Mexico), para explicar la existencia de una red de relaciones de saber/poder alrededor del fenómeno de la trata de personas, que operan mediante una serie de elementos que, en conjunto, funcionan como una estrategia dominante para atenderlo. En este caso, se trata de las leyes para combatir la trata y atender a las víctimas; las políticas públicas contra la trata; las instituciones de gobierno responsables de atender el fenómeno; las organizaciones no gubernamentales especialistas en el tema; entre otros elementos que participan no solo en la definición del fenómeno, sino en la manera en la que se le da sentido y se elaboran acciones políticas para atenderlo. Y la otra fuente de inspiración son las investigadoras que realizan trabajo crítico y propuestas teóricas contrahegemónicas en torno a la trata de personas, entre ellas: Adriana Piscitelli en Brasil que le denomina “régimen antitrata”; Laura Agustín quien analiza en España la “industria antitrata”; Cecilia Varela en Argentina la analiza como “narrativas y campañas antitrata”; Kamala Kempadoo en Canadá, quien analiza las narrativas de la trata de personas desde los efectos de las perspectivas de la moderna “anti-esclavitud”, el feminismo abolicionista y el humanitarismo; o Gabriella Sanchez, quien cuestiona las narrativas estadocéntricas sobre tráfico y trata de personas menores de edad en la frontera norte de México.
[26] Atuesta, op. cit.; Pérez D., S. y Atuesta B., L.H. 2016. Fragmentación y cooperación: la evolución del crimen organizado en México, Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. Región Centro. Aguascalientes: Open Society Foundations; Trejo y Ley, op.cit.
[27] Olvera, Nidia (2016). Policías, toxicómanos y traficantes: el control de drogas en la Ciudad de México (1920-1943). Tesis de maestría en Antropología social, México, CIESAS-CdMx, p. 6.
[28] Maldonado, Vanessa (2016). Relaciones entre Trata de Personas y Trabajo Sexual en la frontera México-Guatemala: distinciones para su análisis. Tesis de maestría en Antropología social, México: CIESAS-CdMx.
[29] Wacquant, Loïc (2010). Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social, Barcelona: Gedisa.
[30] Maldonado, 2016, op. cit.
[31] Ramírez, Alejandra (2016). Comunidades políticas de la pérdida: resistencia y construcción de memoria en familiares de desaparecidos. Tesis de maestría, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, México: Universidad de Guadalajara, p. 61.
[32] Amaya, Jorge, et. al. (2020). Entre la brutalidad y la impunidad. Los crímenes atroces cometidos al amparo de la estrategia de seguridad militarizada (2006-2018), CdMx: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
[33] El Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET) dependiente de la Fiscalía General de la República, en su último informe 2023, presenta que entre el 1º de enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2023, ha abierto un total de 17, 837 expedientes por casos de “tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, en 27 de los 32 estados de la República, sin embargo no hace un desglose de cuántos de esos expedientes los perpetradores son los mismos agentes del Estado, por ello, esta investigación de la CMDPDH es la más actualizada. Disponible en: https://renadet.fgr.org.mx/assets/docs/01_RENADET_Nacional_18-Sep2023.pdf
[34] Data Cívica (2022) Permiso para matar. Asesinatos y desapariciones por agentes federales y estatales. Página web disponible en: https://permisoparamatar.org/capitulo/1
[35] Ramírez, Alejandra (2016). Comunidades políticas de la pérdida: resistencia y construcción de memoria en familiares de desaparecidos. Tesis de maestría, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara, México; Ramírez, Alejandra (2022). Política y (po)ética de vivos y muertos: caminos para rehabitar el mundo después de la desaparición forzada y la muerte violenta. Tesis de doctorado en antropología social, México: CIESAS-CdMx; Gerardo, Sandra (2021). “Masacre y desaparición", Ponencia presentada en el curso de Atención a víctimas de desaparición forzada y sociedad, CAP-CUAM, Campeche, México; Rojo Fierro, Ana Gabriela (2021). "La guerra contra el narcotráfico en México, ¿un conflicto armado no internacional no reconocido?", Foro int vol.60 no.4 Ciudad de México oct./dic. 2020. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-013X2020000401415; Hernández y De Marinis (S/A). Resistir en la sombra de la pandemia: Las violencias de género en México en el contexto de la COVID 19, CIESAS/COLMICH, en prensa.
[36] Amaya, Jorge, et al. (2020). Entre la brutalidad y la impunidad. Los crímenes atroces cometidos al amparo de la estrategia de seguridad militarizada (2006-2018), CdMx: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.; Equis Justicia para las Mujeres, Intersecta y Red Nacional de Refugios (2020), Las dos pandemias: Violencia contra mujeres indígenas en el contexto de Covid 19. Informe disponible en https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/08/informe-dospandemiasmexico.pdf; Data Cívica (2022) Permiso para matar. Asesinatos y desapariciones por agentes federales y estatales. Página web disponible en: https://permisoparamatar.org/capitulo/1.
[37] Data Cívica (2022) Permiso para matar. Asesinatos y desapariciones por agentes federales y estatales. Página web disponible en: https://permisoparamatar.org/capitulo/1.
[38] Rodríguez Rejas, M. (2017). La Norteamerizanización de la seguridad en América Latina. Argentina: Akal/Inter Pares.
[39] Con migración irregularizada, siguiendo a Álvarez (2017) y a Vanessa Maldonado (2023) se hace referencia a centrar el problema en las políticas de control migratorio como productoras de la irregularidad. Sostenidas en un régimen de control fronterizo global que opera con una funcionalidad sistémica “producir sujetos irregularizados y desechables […] elemento nodal del capitalismo neoliberal contemporáneo” (Álvarez, Soledad (2017). “Legados de la primera inmersión en el campo. Desmantelando preconcepciones del sentido común, la selectividad nacionalista, y politizando la etnografía del tránsito migratorio irregularizado”. En Yerko Castro, et. al.(coords.). Micropolíticas de la violencia. Reflexiones sobre el trabajo de campo en contextos de guerra, conflicto y violencia. París: Cuadernos de Trabajo de Meso, p. 54).
[40] Estas formas de securitización de la movilidad cobran relevancia en un país como México, que, por un lado, es geografía de origen, tránsito y destino de millones de personas migrantes irregularizadas provenientes del sur global (continentales y extracontinentales), pero por otro, también ha crecido el número de personas mexicanas que han iniciado procesos de desplazamiento forzado interno a causa de las violencias que el contexto de guerra ha provocado (Varela, Amarela & Ruíz, V. (2020). Caravanas de migrantes y refugiados en tránsito por México: el éxodo de jóvenes hondureños que buscan, migrando, preservar la vida. Entre diversidades, 7 (14), 92-129).
[41] Según cifras oficiales de la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas RNPDNO, 5 abril, 2024. Disponible en: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral
[42] En estos registros oficiales sobre personas desaparecidas hay varios subregistros, algunos de ellos son debido a que no todas las desapariciones se denuncian debido a la complicidad de agentes gubernamentales en la desaparición; otros porque el sistema de registro de personas desaparecidas no registra la identidad sexogenérica, es así que no tenemos idea en México de cuántas personas trans son desaparecidas o localizadas (con o sin vida).
[43] Informe Crisis Forense y propuesta de política pública forense desde el Gobierno Federal, presentando el 17 de marzo de 2022 por Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, en: https://www.alejandroencinas.mx/wpcontent/uploads/2022/03/Crisis-forense-y-propuesta-17mar22.pdf
[44] Hernández, Aída (2021). Etnografía feminista en contextos de múltiples violencias, Alteridades, vol.31 no.62
[45] Harvey, David (2003). The new imperialism. UK: Oxford University Press.
[46] No quiere decir que sólo los grupos del crimen organizado sean los perpetradores o que la trata haya aparecido con ellos, hay otras posibilidades de trata, como las mujeres indígenas guatemaltecas obligadas por mujeres y familias mexicanas privilegiadas al trabajo doméstico forzado en la frontera sur de México, o los hombres, mujeres e infancias en situación de trata en campos agrícolas del país.
[47] Segato, Rita (2014). Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, Puebla: Pez en el árbol, p. 7.
[48] Jiménez, Luz (2021). Darle sentido a la trata: ¿quién, ¿cómo y para qué? Reflexiones teóricas y experiencias de resistencia en torno a las narrativas míticas de la trata sexual de mujeres. En K. Tinat y C. Laverde (Coords.), Más allá del rescate de víctimas. Trabajo sexual y dispositivos antitrata. México: El Colegio de México, (pp. 145-180); Jiménez, Luz (2022). Representaciones de la trata sexual de mujeres en contextos neoliberales: el papel de los productos culturales en la operación del dispositivo antitrata. Critical Reviews on Latin American Research (CROLAR), Vol. 10, Núm. 1., pp. 85-98; Maldonado Macedo, Vanessa (2022). La criminalización selectiva del dispositivo antitrata en México. Experiencias de mujeres trans migrantes y trabajadoras sexuales. Bogotá: Papel Político, 27; Maldonado, Vanessa (2023). “Devenires trans: de Cuba, Honduras y Guatemala ¿a Estados Unidos? Narrativas de trabajo sexual, migración y movilidad transnacional de mujeres trans en tiempos de las caravanas”. Tesis para obtener el doctorado en Antropología Social, CIESAS-CdMx.
[49] Censo de Población y Vivienda 2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), disponible en: https://www.inegi.org.mx/
[50] Ídem.
[51] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval (2020). Informe de pobreza y evaluación 2020. Guerrero, México: Coneval.
[52] Ávila Francisco (2013). Problemas para el estudio de la guerrilla del Partido de los Pobres (PDLP), Atoyac, Guerrero (1972-2012), Tesis de Maestría en Historia, UNAM.
[53] Guerrero es también escenario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa (en septiembre de 2014). Un crimen de Estado en donde están involucrados gobierno estatal, municipal, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas (Ramírez y Guerrero, 2023).
[54] UNODC (2022). México, Monitoreo de Plantíos de Amapola 2019-2020 (MEXK54, 2022). México: Autor.
[55] Olvera, Nidia (2016). Policías, toxicómanos y traficantes: el control de drogas en la Ciudad de México (1920-1943). Tesis de maestría en Antropología social, México, CIESAS-CdMx; Ventura, Greta (2020). El conflicto detrás de la regulación de la amapola con fines médicos y científicos en México. Tesina para obtener el grado de Especialista en negociación y gestión de conflictos, UNAM.
[56] En esa región de Guerrero no hay organizaciones no gubernamentales o de asistencia humanitaria internacional que acompañen casos de trata. Y las denuncias y querellas de delitos (y no sólo de trata, sino de cualquier delito que involucre a actores gubernamentales) tienen un bajo índice de denuncias debido a la colusión Estado-crimen organizado y al conflicto armado permanente que azota la región.
[57] Cabe señalar que La Ley General de Trata no reconoce explícitamente a las mujeres trans como mujeres, por tanto, la ejecución de la ley queda a discrecionalidad de las personas operadoras. Por otro lado, en los registros Estatales de eventos de trata en el país en cuanto a sexo y género sólo registran “mujeres” y “hombres”, así que no se sabe si hay personas trans que han denunciado trata o si han sido identificadas como posibles víctimas.
[58] Con tomar la estética, Victoria hace referencia a que las personas tomaron el control del salón de belleza y de las personas que ahí trabajaban.
[59] En México se denomina “cobro de piso” a una actividad ejercida por diversos grupos criminales, quienes extorsionan exigiendo pago de cuotas a distintos actores y comerciantes. El cobro de piso o impuesto de guerra (como le llaman en otros países), junto con las amenazas y los asesinatos, son una actividad económica y una expresión de poder, violencia, control de territorios y significan también mensajes hacia otros actores.
[60] Esta afirmación de que en México hay un foco de persecución hacia las mujeres cisgénero en los mercados sexuales y los operativos de control migratorio, responde al trabajo de investigación en terreno sobre trata de personas que han realizado las autoras desde hace más de diez años con: trabajadoras sexuales cis y trans en distintos puntos del país, con personas en tránsito migrante por México, con mujeres (cis y trans) que han vivido procesos de trata, con cuerpos policíacos antitrata y con burocracias que atienden trata. Consultar: Jiménez op.cit.; Maldonado op.cit.
[61] 22 estados de la república mexicana cuentan con una La ley de identidad de género, que permite el cambio de género en los documentos de identidad de personas mayores de edad.
[62] Maldonado, Vanessa (2023). “Devenires trans: de Cuba, Honduras y Guatemala ¿a Estados Unidos? Narrativas de trabajo sexual, migración y movilidad transnacional de mujeres trans en tiempos de las caravanas”. Tesis para obtener el doctorado en Antropología Social, CIESAS-CdMx.
[63] UNODC (2023). Global Report on Trafficking in Persons. Vienna: UNODC
[64] Los sistemas capitalistas llevan implícita la explotación de los trabajadores y desposesión de la fuerza de trabajo (Marx, 1867, Harvey, 2003), pero estas prácticas de explotación parecieran no importar a los gobiernos, al contrario, son participes de él, en el caso mexicano, a través del impulso de políticas sociales y penales (Wacquant, 2010) en detrimento de las clases precarias y trabajadoras.
[65] Federici, Silvia (2010). Caliban y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Madrid: Traficantes de Sueños, p. 27.
[66] Hernández, Castillo Aída (2017). La guerra contra el narco. Violencias de género, militarización y criminalización de los pueblos indígenas. En: Sierra, Teresa, et.al. (coords.). Pueblos indígenas y Estado en México. La disputa por la justicia y los derechos. México: CIESAS, pp. 245-269.